Educación y empleo para las personas jóvenes: ¿Qué proponen las candidaturas a diputaciones?

Por Juan Pablo Sanabria

Las personas jóvenes entre 18 y 30 años representan aproximadamente el 30% del total de costarricenses que podrán acudir a las urnas este domingo 6 de febrero, según el padrón electoral de las elecciones municipales del 2020. 

Justamente este sector de la población ve afectada su calidad de vida por las dificultades en formación académica y el acceso a empleo. Todo este panorama estará en juego, al elegir a las personas que les representarán tanto en casa presidencial como en las curules legislativas.

Educación

Del total de 548.311 personas con una edad entre 18 y 24 años, el 65% cuenta con al menos un título de bachillerato; esto según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC del mes julio de 2021. Esto indica que más de 200 mil personas de este rango de edad, no han logrado concluir sus estudios en educación media.

Además, estos datos evidencian la brecha existente en el acceso a la educación entre zonas urbanas y rurales. Mientras que en la zona urbana el porcentaje de personas con secundaria completa está incluso por encima del total, el de la zona rural es un 6% menos en comparación con el total de personas entre 18 y 24 y un 8% menos en comparación con las personas de esta edad que residen en la zona urbana del país.

Empleo

La población joven es la más afectada por el desempleo en Costa Rica. La fuerza laboral la componen 2.471.778 personas, de las cuales un 22% se encuentra desempleada y de este total de personas desempleadas, 6 de cada 10 tienen entre 15 y 34 años, según datos del Barómetro Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Conversamos con 5 personas que aspiran a llegar a la Asamblea Legislativa en este próximo período 2022-2026, para saber cuál es su visión sobre estas problemáticas afrontadas por las personas jóvenes y cuáles propuestas plantean para esta población. 

Empleo

Carlos García, candidato de la Unidad Social Cristiana por el primer lugar de la provincia de San José, afirmó tener fe en la reciente reforma del INA, que según sus declaraciones abrirá la posibilidad de formación especializada. El farmacéutico mencionó la necesidad de aprobar el proyecto de educación dual, crear oportunidades de empleo fuera de la GAM, negociar con la Caja del Seguro Social los cobros a emprendimientos y personas jóvenes trabajadoras; así como apoyar a las PYMEs mediante “capital semilla” brindado por el sistema de Banca para el Desarrollo.

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En cuanto a la educación, García retomó la reforma del INA como vía para instruir técnicamente a personas jóvenes según la zona de residencia. El candidato de 25 años, afirmó la necesidad de descentralizar las universidades, reformar el CONESUP y mencionó que en las universidades públicas existe rigidez para el acceso de las personas trabajadoras y una utilización de los recursos que “deja mucho que desear”.

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Priscilla Vindas, candidata del Frente Amplio por el primer lugar de la provincia de Alajuela, hizo énfasis en las brechas en el acceso a empleo debido a género, edad y zona de procedencia. La politóloga, propone atraer la inversión a las zonas periféricas, destinar 100 millones de dólares del fondo de la Banca para el Desarrollo para créditos a emprendimientos e incentivar a las empresas que contraten a personas jóvenes.

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Vindas afirmó que lo principal para afrontar las problemáticas en educación es asegurar el 8% del PIB para la educación pública. La candidata alajuelense, mencionó como propuestas la asignación de fondos ociosos de FONATEL para fomentar la conectividad, regresar a la negociación del presupuesto universitario de manera quinquenal y fortalecer CONAPE.

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Marcela Ramírez, candidata del Nuevo Partido Socialista por el primer lugar la provincia de Cartago, destacó las tasas de desempleo que sufren las mujeres y personas jóvenes. La propuesta de la educadora gira en torno a generar puestos de trabajo mediante la construcción de obras públicas por parte del estado, subir el salario mínimo, reducir la jornada laboral, poner impuestos a las grandes fortunas y robustecer el aporte del sector privado a la Banca para el Desarrollo.

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La candidata cartaginesa aseguró que políticas como la regla fiscal de 2018, han ocasionado recortes al presupuesto educativo que dificultan el acceso a becas, comedores y cupos en universidades. Ramírez afirmó que se debe brindar conectividad al 100% de la población y hacer más atractivo el sistema educativo.

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Carlos Aguilar, candidato de Unión Liberal por el primer lugar de la provincia de Heredia, afirmó que en Costa Rica existe una gran tasa de informalidad y una imposibilidad de dedicarse al emprendedurismo, debido a los impuestos y requisitos como la ley 7600. El odontólogo destacó la propuesta de su partido de establecer un único impuesto o “Tasa plana”, el referéndum para abrir el monopolio de RECOPE y la reducción del aparato estatal. 

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La propuesta para la educación del candidato herediano está enfocada en “privatizar inteligentemente” el sistema de educación pública. Según Aguilar el estado debe brindar un financiamiento mensual para que cada persona pague el centro de estudio que prefiera y las instituciones públicas educativas ya existentes, pasen a manos de las personas que trabajan en estas.

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Mario Gómez, candidato del Liberal Progresista por el primer lugar la provincia de Limón, mencionó los grandes porcentajes de desempleo de zonas de Limón en comparación con otros lugares del país y cómo las personas de zonas periféricas se ven obligadas a migrar al Gran Área Metropolitana. El farmacéutico, aseguró que impulsará el desarrollo del aeropuerto internacional de Limón, la reducción de impuestos, capacitar a las personas emprendedoras en exportaciones y flexibilizar los procesos de formalización para las personas trabajadoras.

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El candidato limonense enfatizó en la desigualdad en el acceso de herramientas tecnológicas para la educación, poniendo como ejemplo las escuelas y colegios que no cuentan con laboratorios de informática. Gómez aseguró que impulsará la declaratoria de la emergencia educativa, la defensa de las personas educadoras y la capacitación especializada mediante universidades públicas e institutos privados.

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