Tiffany (nombre ficticio) es una joven de 26 años que tiene un trabajo formal desde hace años, pero, aunque resulte difícil de creer, no cuenta con seguro social.
“La empresa en la que trabajo no me ha asegurado, a pesar de que llevo dos años trabajando con ellos. Yo pago un seguro privado, pero no puedo hacer uso de servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cuando los he necesitado. Recientemente, tuve una cirugía que tuve que costear con todos mis ahorros por medicina privada. Es un poco injusto, pero muchas veces uno se queda trabajando por necesidad y porque no ha aparecido otro trabajo hasta el momento”.
Esta mujer, que es parte de ese grupo de las 300.000 personas jóvenes que acudirán a las urnas este domingo 6 de febrero para elegir al próximo presidente de Costa Rica así como a 57 diputados, relató a Diputa¿Quién? que lleva más de dos años perdidos en cuotas patronales.
“Si quisiera sacar un crédito, no puedo hacerlo, porque ni siquiera tengo orden patronal o algún comprobante que respalde mi actividad económica”, añadió.
El acceso a servicios de salud y a atención médica en la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS) sigue siendo un problema para muchas personas jóvenes, quienes dejan de estar aseguradas por el Estado cuando cumplen los 18 años, según la Ley 7739 Código de la Niñez y la Adolescencia o hasta los 25 si continúan estudiando, según la Ley 8612 Convención Iberoamericana de los Jóvenes.
Testimonios
 Tiffany, 26 años |  Joscelyn, 25 años |  Cristian, 29 años |
| “La empresa en la que trabajo no me ha asegurado, a pesar de que llevo dos años trabajando con ellos. Yo pago un seguro privado, pero no puedo hacer uso de servicios de la CCSS cuando los he necesitado, de hecho, recientemente tuve una cirugía que tuve que costear con todos mis ahorros por medicina privada. Es un poco injusto, pero muchas veces uno se queda trabajando por necesidad y porque no ha aparecido otro trabajo hasta el momento. Ya llevo más de dos años perdidos en cuotas patronales, también si quisiera sacar un crédito, no puedo hacerlo, porque ni siquiera tengo orden patronal o algún comprobante que respalde mi actividad económica”. | “Yo soy estudiante universitaria y durante el periodo lectivo pago el seguro estudiantil, pero durante los interciclos no tengo seguro, porque tengo más de 25 años y ya no me aseguran mis padres. Hasta el momento no he tenido inconvenientes por no estar asegurada, pero a futuro sé que en caso de tener una enfermedad o accidente que requieran gastos médicos elevados, es probable que no pueda costearlo por privado”. | “Soy venezolano y no estoy asegurado, podría decir por tiempo y lo complicado del trámite por ser extranjero. Yo sí pago dos seguros: uno es un seguro de vehículos por medio del INS, ya que mi trabajo es de mensajería con la moto, y el otro es un seguro (privado). Gracias a Dios no he tenido problemas hasta el momento como tal, ya que en los distintos inconvenientes de salud que he tenido, se pudo solventar sin yo estar asegurado con la Caja. Claro que mi situación hubiese sido muchísimo mejor por el hecho de estar asegurado, pero al menos pude sanar físicamente y seguir adelante”. |
Si bien estas tres personas jóvenes relataron su situación actual, por razones personales prefirieron mantener el anonimato. Por esta razón, se les ha dado un nombre ficticio con el fin de poder relatar su historia en este reportaje.
Entre las complicaciones que pueden enfrentar las personas jóvenes que no pueden tener acceso inmediato a la atención médica, la representante del Consejo de la Persona Joven, Alice Nájera, aseguró que disminuyen las posibilidades para la detección temprana de enfermedades, lo que, en un futuro, podría provocar una gran cantidad de hospitalizaciones producto de padecimientos que podrían prevenirse o atenderse a tiempo.
Además, Nájera citó un incremento en los embarazos en personas adolescentes ante el acceso limitado a información y métodos anticonceptivos y una afectación de la salud mental de la población joven.
¿Qué proponen las y los candidatos a diputados para solventar esta problemátca?
LIBERACIÓN NACIONAL
Paulina Ramírez, candidata del PLN por el primer lugar de la provincia de Cartago, afirma que a los jóvenes que actualmente trabajan en la informalidad hay que brindarles facilidades para que se puedan incorporar e inscribir como corresponde ante la CCSS.
Ramírez propone redactar un proyecto de ley que permita cubrir a personas jóvenes que no trabajan ni estudian. La candidata hizo énfasis en que este proyecto debe redactarse después de haber consultado el criterio técnico de expertos de la CCSS para verificar la viabilidad de la propuesta y así ofrecer oportunidades de cobertura a mujeres y jóvenes por el tiempo que estén sin laborar.
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
Por su parte, Vanessa de Paul Castro, ex diputada y actual candidata del PUSC por el segundo lugar de provincia de San José resaltó su labor como diputada durante el gobierno de Abel Pacheco, pues fue una de las encargadas de impulsar la Ley de Persona Joven (Ley 8261)
Castro aseguró que tiene claridad de que, si llega a la Asamblea, deberá luchar por estimular el desarrollo de empresas que contraten trabajadores jóvenes. Afirmó que las personas jóvenes requieren emprender, pero que 8 de cada 10 emprendimientos se tienen que retirar del mercado por las inversiones iniciales y pagos asociados. Por esta razón, propone redactar un proyecto de ley de emprendimientos, que busque generar condiciones favorables para que la gente pueda generar sus propios negocios.
FRENTE AMPLIO
La limonense Zoraida Cedeño, candidata a diputada del Frente Amplio por el primer lugar de la provincia caribeña, mencionó que está consciente del abandono de la población joven de su provincia y considera que si quienes le deben dinero a la CCSS hicieran los pagos correspondientes, la institución tendría la solvencia para poder cubrir a las personas jóvenes que se encuentran en condiciones de desempleo y vulnerabilidad.
Sí Cedeño llega a ser legisladora, dice que impulsará el Proyecto de Ley No. 21.045: Modificación del Artículo 56 de la Ley Orgánica de la CCSS, Ley No. 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, que fue presentado en 2018 por el diputado José María Villalta. En este proyecto, se busca que el pago de las cuotas obrero patronales no prescriba.
La candidata también se comprometió a retomar la discusión de la reforma para garantizar que los trabajadores independientes y aquellas personas con subempleo coticen al seguro social de acuerdo con sus ingresos reales.
PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Por otro lado, el candidato a diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) por el segundo lugar de la provincia de Heredia, Edmundo Castro, aseveró que el mayor enemigo del seguro social y del acceso a salud es el desempleo.
Castro resaltó las dificultades que encuentran las personas jóvenes que buscan emprender, debido a las altas sumas monetarias que se deben pagar para poner en funcionamiento su empresa y lo asoció a una de las causas del alto porcentaje de trabajadores independientes que no están asegurados.
De quedar electo como diputado, este aspirante buscaría dar forma a un proyecto de ley en donde se le brinde un «periodo de gracia» de un año a quienes busquen emprender, durante el cual la empresa pueda entrar en funcionamiento sin pagar permisos.
Posterior a este periodo, los emprendedores tendrían que ponerse en regla con todos los trámites. La idea es que ese año les permita constatar si, efectivamente, su emprendimiento es rentable antes de quedar endeudados por los pagos de patentes y otros permisos.
Las personas jóvenes de Costa Rica representan un 37% del padrón nacional (casi 1,3 millones de electores), por lo cual su voto será decisivo para elegir al próximo presidente del país así como a los 57 diputados ante la Asamblea Legislativa.
